El Real Patronato de la Ciudad de Toledo

Tres reales decretos conforman el marco legal en el que nace este Real Patronato de la Ciudad de Toledo. El primero, el 1424/1998, de 3 de julio, por el que se constituye y organiza el citado Real Patronato; los otros dos, que fueron aprobados en 1999 y en 2000, respectivamente, se ocupan exclusivamente de su definitiva composición, pues había sufrido pequeñas variaciones debido a circunstancias varias.

En el preámbulo del referido Real Decreto 1424/1998, se establecen las razones de su creación cuando se señala que “La ciudad de Toledo es uno de los principales conjuntos monumentales de España, con una gran importancia simbólica por la convivencia en ella de las tres grandes culturas monoteístas, que han forjado nuestra civilización, y con una proyección internacional incuestionable”.

Más adelante se añade que “Para fortalecer y potenciar sus posibilidades de desarrollo cultural y turístico, resulta conveniente constituir un Real Patronato que facilite la promoción y coordinación de las actividades en que participen las entidades estatales, autonómicas y locales directamente vinculadas a la ciudad de Toledo.

Como fines y atribuciones de ese Real Patronato se establecen las siguientes:

• Promover la ejecución de obras, servicios e instalaciones en general, así como la construcción y establecimiento de medios de transporte y comunicaciones urbanas e interurbanas.
• Impulsar la coordinación de las inversiones que se proyecten por las administraciones públicas.
• Promover iniciativas y proyectos culturales orientados a la conservación del Patrimonio Histórico y a la potenciación de la ciudad de Toledo como lugar de encuentro de culturas diversas.

En otro apartado del Real Decreto se establece que la adscripción administrativa del Real Patronato es al ministerio de Educación, Cultura y Deportes, a quien le corresponde facilitar los recursos humanos y materiales necesarios. También se establece que las reuniones tendrán lugar en Toledo. Asimismo, se estipula que ajustará su funcionamiento a los dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.